Documentos de la venta de Cerro Verde y Cemento Yura

Vie, 07/07/2017 - 14:27 -- paolagomez
Jorge Turpo Rivas

Empresas se vendieron a precios irrisorios en dictadura fujimorista. Hoy generan millonarias utilidades a sus dueños. En el caso de la minera, hasta le otorgaron beneficios tributarios que generan problemas hasta la actualidad.

 
El proceso de privatización de las empresas públicas en el Perú se puede resumir en una frase: venta de cosas que eran de todos a precio de nada. Todo empezó en 1991 cuando el gobierno de Alberto Fujimori decidió deshacerse de las empresas estatales y creó la Comisión Especial de Privatización (Cepri) que luego se convirtió en la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri).
Desde esas entidades se gestaron las ventas. El desprestigio, malos manejos y creciente burocracia de las empresas públicas hizo que el gobierno tenga el respaldo de gran parte de la población para privatizarlas. Pasaron los años y recién se pudo conocer que fue un pésimo negocio para el país. Alberto Fujimori convirtió la privatización en una manera rápida de hacer caja chica.
Los ejemplos de los malos negocios sobran. En 1992 se vendió Solgas – filial de PetroPerú a siete millones y medio de dólares al consorcio chileno Lipigas – Codigas. Cuatro años después, este grupo empresarial hizo el mejor negocio de su trayectoria: vendió Solgas a 58 millones de dólares a Repsol.
Ganaron ocho veces más de lo que le pagaron a la Copri. Alberto Fujimori no solo subvaluó el costo de las empresas, sino que nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país. La privatización no se planificó como una estrategia de desarrollo, se hizo como una medida ideológica para desbaratar sindicatos y como una oportunidad para juntar dinero que terminó alimentando la corrupción.
El monto de la privatización de las estatales sumó US$ 9 mil 221 millones, de los cuales solo ingresaron a las arcas del Estado US$ 6 mil 445 millones. La diferencia (cerca de 3 mil mlls.) se gastó en burocracia, impuestos y hasta en el pago de honorarios de éxito a los tramitadores de las ventas.
En el caso de la región Arequipa hubo varias empresas estatales que fueron vendidas y otras concesionadas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó en su portal web los documentos que dan cuenta de esas ventas. Incluso está el detalle de los depósitos que se hicieron de parte de los compradores.
 
CERRO VERDE
Cerro Verde empezó a producir desde 1868 y el mineral era embarcado directamente a Gales para la recuperación de los metales. En 1970 la empresa estatal Minero Perú compró la mina y empezó la extracción de cobre en dos áreas de tajo abierto. El gobierno de Alberto Fujimori, en marzo de 1994, decidió privatizarla. La adquirió la empresa Cyprus Climax Metals Company (CCMC).
Según los documentos publicados por el MEF, el 80% de la propiedad de la empresa fue vendida por apenas US$ 22 millones 36 mil. Este yacimiento no ha dejado de crecer. Hace poco volvieron a ampliar la planta con una inversión de más de US$ 5 mil millones.
Su vida útil se ha extendido cuarenta años más. Aun así, los nuevos propietarios de la mina: Freeport-McMoRan Copper and Gold (53%), SMM Cerro Verde Netherlands B.V. empresa subsidiaria de Sumitomo Metal Mining Company Ltd. (21%), Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (18.65%) y  accionistas minoritarios (6.79%), se niegan a pagar 800 millones de soles que la Sunat les reclama por concepto de regalías mineras.
Cerro Verde se ampara en el contrato de estabilidad tributaria que obtuvieron al momento de la compra de la mina en la dictadura fujimorista.
El proceso está judicializado. En el detalle del pago de la privatización de Cerro Verde se puede observar cómo era el gasto de la operación de compra-venta.
El precio a pagar era de US$ 33 millones 911 mil. Pero a ese monto se le redujo el fondo de garantía y los gastos que incluyeron el pago de honorarios de éxito al asesor  financiero. Quedaron US$ 22  millones 36 mil de ingreso al fisco.
 
 
 
CEMENTO YURA
Resulta curioso que de acuerdo a los documentos del MEF se compruebe que la fábrica Cemento Yura S.A. costó más que la mina Cerro Verde. En un oficio fechado el 28 de marzo de 1994, Richard Cabello, presidente de la Copri, le informa a Marcelino Cárdenas Torres, director general del Tesoro Público, que  Gloria S.A. había cumplido con pagar los US$ 65 millones 322 mil correspondientes a la compra del 100% de acciones de Cemento Yura S.A. Es decir que la fábrica de cemento costó casi tres veces más que Cerro Verde (22 millones).
Cierto, en estos días, después del boom de la minería, la Sociedad Minera Cerro Verde tiene mucho más valor comercial que Cemento Yura, sin embargo esta última empresa también creció de manera exponencial. Los hermanos Vito y Jorge Rodríguez Rodríguez, dueños del Grupo Gloria, hicieron un gran negocio al comprar la fábrica de cemento.
Según una valorización a finales de 2016 hecha por Equilibrium, empresa clasificadora de riesgos, solo en pasivos, la compañía cementera de los Rodríguez Rodríguez, tiene 3 millones 924 mil soles.
En el 2014 expandieron su negocio y compraron, por US$ 300 millones, la principal empresa cementera de Bolivia (Soboce). También diversificaron su producción y crearon la empresa Supermix para vender concreto a las diferentes edificaciones que se hacen en la región.
Esa misma empresa, por ejemplo, fabrica los adoquines de concreto que se han utilizado en varias calles y avenidas de la ciudad.
 
MATARANI
En el caso del Puerto de Matarani, no se trató de una privatización, sino de una concesión por treinta años. La licitación la ganó el Grupo Romero, dueños de empresas como el BCP, Orus, Primax, Álicorp, entre otras. La buena pro se otorgó el 31 de mayo de 1999.
El precio base, fijado por la Copri, fue de 9 millones 500 mil dólares. El mejor postor, es decir el Grupo Romero, ofertó 9 millones 600 mil dólares y ganó la licitación.
 
FIN DE LAS VENTAS
El proceso de privatización de empresas públicas terminó de manera abrupta en Arequipa. El gobierno de Alejandro Toledo, sufrió las consecuencias de sus propios desaciertos. En 2002 puso a la venta las empresas de generación eléctrica Egasa y Egesur a pesar de que en su campaña electoral dijo que no las privatizaría. Hasta firmó un acta de compromiso con los dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA). Se olvidó de su palabra y firma empeñada y  lanzó la licitación. El día en que se debía otorgar la buena pro, estalló en la ciudad la protesta que se conoce como “Arequipazo”. Toledo perdió dos ministros (tuvieron que renunciar tras la protesta) y tuvo que suspender la privatización. Si fue una buena o mala decisión que esas empresas no pasen a manos privadas, es otra historia. Lo que está claro es que durante el gobierno fujimorista se vendieron empresas a precio de risa y el proceso quedó desprestigiado y cuestionado.
 
 
 
 
 
 
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