Corrupción invisible

Lun, 03/13/2017 - 12:59 -- paolagomez
Enrique Zavala

El Defensor del Pueblo está decidido a que la corrupción en el Perú no quede impune. ¿Podrá lograr su cometido?

 
Walter Gutiérrez, el defensor del Pueblo, ha anunciado la creación de una adjuntía anticorrupción, en un afán de visibilizar la corrupción escondida en los altos niveles del Estado para que así no haya impunidad. Su premisa es clara: “No importa de qué tamaño sea, la corrupción es igualmente perjudicial”.
“El objetivo es poner en el ojo público todos los hechos de corrupción que ya se han develado y los hechos que potencialmente tienen algún riesgo de corrupción o aquellos que son denunciados por los ciudadanos o por la propia prensa”, me ha dicho en una entrevista.
A sus entender “el gran problema de la corrupción es esa sensación de impunidad”, una impunidad que más allá del decir del Defensor suele ser, más que una sensación, una realidad. “(Los casos) aparecen por una semana o por unos meses en los medios y luego desaparecen, pasan años, prescriben o sencillamente no se consigue sancionar a los responsables. Por eso es que la Defensoría va a hacer reportes de la situación de los hechos de corrupción. La idea es que se genere conciencia a nivel de la ciudadanía pero también participación a nivel de Estado en la lucha contra la corrupción”, señala.
El problema que afronta Gutiérrez en esta cruzada no es pequeño. Hay una sociedad que ve la corrupción con un doble estándar. La fustiga y pide sanciones, pero a la vez suele sostener que al menos algunos de sus gobernantes “roban y hacen obras”, o están dispuestos -o tal vez acostumbrados- a pagar pequeñas coimas por evitar una papeleta o para que le agilicen un trámite.
A nivel del Estado, el Defensor tiene las cosas muy claras: La solución a la corrupción es la eficiencia, esa que está ausente en casi todas las instituciones públicas. Pero solo puede darse –dice– con un liderazgo del propio presidente de la república y con pasos precisos que involucren la reforma del sistema de justicia.
“En la medida en que hay más eficiencia hay menos posibilidad de corrupción. Fíjese que esta adjuntía se va a llamar Adjuntía Anticorrupción, de Transparencia y Eficiencia del Estado”, señala.
La eficiencia en la lucha contra la corrupción a través del sistema de justicia ha estado ausente y él lo sabe. “Le voy a poner un ejemplo –me dijo– para aterrizar concretamente: el caso Ancahs. El caso Ancahs, si la memoria no me falla, debe tener cuatro años de descubierto y hasta ahora no se inicia propiamente el juicio. Mire usted necesitamos que eso esté en el ojo público, necesitamos que el Poder Judicial sea eficiente, no podemos tener esto en pausa, en un interinaje sin que avance, porque lo que va a pasar es que la ciudadanía sienta y piense que hay impunidad”.
Su idea del liderazgo presidencial, en este caso de Kuczynski, es que debe tener algún nivel de coordinación para temas presupuestales, para que haya una agenda de todo el sistema de justicia a nivel de Fiscalía, a nivel de Poder Judicial, de qué leyes se necesitan, qué tecnología se requiere para que la lucha contra la corrupción y la impunidad empiece a funcionar.
El gran problema es que con el caso Odebrecht los cimientos de la institucionalidad y la democracia se han tambaleado. Con el ex presidente Fujimori encarcelado por corrupción y delitos de lesa humanidad, con una orden de captura internacional contra el ex presidente Toledo por haber recibido 20 millones de coima por la concesión de la Interoceánica, y con sus sucesores, Alan García y Ollanta Humala e incluso PPK, con serias sospechas de corrupción con constructoras brasileñas, la lucha por la decencia se torna muy difícil.
“No podemos caer en el desánimo y pensar que la batalla está perdida, o la guerra está perdida antes de comenzarla. De todas maneras yo creo que sí es posible porque hay una reserva de la sociedad civil, hay una reserva de los medios (de comunicación) y hay un sector importante dentro del Estado convencidos de la viabilidad de este país y de la viabilidad del Estado, y están convencidos de la necesidad de luchar contra la corrupción”, sostiene Gutiérrez.
Las coimas recibidas por los gobernantes –desde presidentes hasta altos funcionarios de gobierno– en el caso Odebrecht no solo han sido para ganar las licitaciones, sino para encarecer hasta por miles de millones obras de infraestructura.
“Cuando la corrupción se encarama en el Estado hace que los recursos públicos se distraigan precisamente en esos actos de corrupción y perjudiquen directamente al ciudadano y pervierta la institucionalidad”, explica el Defensor.
Pero no solo los que toman las decisiones han sido los corruptos o lo siguen siendo en ministerios, gobiernos regionales, municipios e incluso programas gubernamentales. Hace poco en una entrevista con El Comercio, Gutiérrez habló de “la corrupción de los invisibles”, de los que no toman las decisiones pero participan en ellas, por ejemplo, los asesores que son “invisibles con poder”.
En muchos casos ellos son el contacto para la coima, los que presionan, los malos lobistas que buscan su tajada corrupta.
“Nosotros queremos hacer registros, queremos generar la conciencia en la ciudadanía de que esta corrupción existe y de que no puede haber impunidad y vamos a sacar machaconamente estos reportes a efecto de que los jueces, los fiscales, los alcaldes, que todo el mundo sepa que la ciudadanía, a través de la Defensoría, está mirando”, me puntualizó al respecto.
En estos momentos en municipios distritales hay contratistas que llegan al despacho del alcalde o de un funcionario para dar 20 o 30 mil soles por la obra de 200 mil o 300 mil soles que ganaron. Cumplen con algo que quedó establecido sin papel, pero que parece más firme que una ley, “el diezmo”, ese porcentaje del 10% que los alcaldes creen que merecen recibir por licitar una obra. Le pregunte a Gutiérrez al respecto y me dijo:
“Es verdad que el tema de la megacorrupción de Odebrecht ocupaba a todo el país pero nadie es ajeno a que en las regiones, en las provincias existe corrupción, corrupción más pequeña pero corrupción igualmente grave y reprochable. Pues sí, y desde luego, la Defensoría desde el trabajo en la adjuntía quiere visibilizar, quiere poner en evidencia este tipo de corrupción”.
En general define la corrupción como “el abuso del poder para sacar beneficio particular”, y asegura que “el poder está en el Estado y en los privados, de tal manera que puede haber corrupción en el Estado o en los particulares o cuando se juntan”. Así es más difícil establecer quien comenzó este círculo vicioso que corrompe nuestra sociedad.
La corrupción debió gatillar muchas respuestas, pero las que hay en el Ejecutivo no son reales. La Defensoría detectó, por ejemplo, que 16 de los 18 ministerios tiene planes anticorrupción –curiosamente el de Defensa, donde se gastan ingentes cantidades, no lo tiene–  pero que son “un saludo a la bandera, porque algunos ministerios los han tercerizado, es decir, han contratado un consultor para que vea cuáles son sus problemas de corrupción, como si no conocieran su realidad. Otros sencillamente no han asignado presupuesto, o no tienen oficina o personal técnico”.
“No se tiene una verdadera convicción respecto a la necesidad de elaborar bien y hacer seguimiento a los planes”, sentencia Gutiérrez. Pero es su institución, esa que no tiene poder coercitivo sino la que usa el magisterio de la persuasión, la que está decidida a hacer que lo invisible se haga visible, que los que actúan en las sombras sean descubiertos a la luz de la verdad.
“La Defensoría es una de las instituciones más legitimadas en la sociedad. La Defensoría no tiene dientes, no tiene jurisdicción propiamente dicha, pero si tiene voz y la base de escuchar, tiene la posibilidad de que los temas que la gente necesita se pongan en la agenda del país y lo vamos a hacer”, dice Gutiérrez, y esperemos que lo logre.