Autoridades elegidas no deberían tener secreto bancario

Lun, 03/20/2017 - 13:05 -- paolagomez
Juan Carlos Cruzado
Frente a las recientes denuncias por actos de corrupción, la legisladora del Frente Amplio, Marisa Glave, plantea transparentar las cuentas de las personas elegidas con el voto popular, así como de los altos funcionarios del aparato estatal, a través de un proyecto de ley.
 
-Usted presentó un proyecto que busca levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a diversas autoridades, ¿quiénes estarían comprendidas en su iniciativa?
–Estamos incluyendo a aquellas que fueron elegidas por elección popular (como los congresistas, gobernadores regionales, alcaldes), los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor General de la República.
 
–¿Por qué es importante establecer este procedimiento para estas autoridades?
–Por ejemplo: recientemente se está exponiendo con mucha más gravedad el caso del señor Joaquín Ramírez por lavado de activos. Este caso es particularmente importante, que incluso ahora podría involucrar a la señora Keiko Fujimori. 
Ello debido a que hasta el final de su campaña electoral utilizó las casas, camionetas y financiación que Ramírez proveyó, a pesar de que empezó a ser sujeto de investigación por parte de la procuraduría especializada de lavado de activos. E incluso había sospechas cuando era congresista, pero recién en el 2017 le pueden levantar el secreto bancario. Esto es una burla, no puede ser que recién ahora quienes estén haciendo las investigaciones puedan hacerle el levantamiento de secreto bancario.
 
–En la actual coyuntura, ¿hubiera sido importante contar con esta herramienta?
–Así es. Estamos en un momento de mucha precariedad, en el cual toda la clase política está bajo sospecha y la gente no cree en el Estado, en las instituciones públicas ni en los funcionarios públicos. En vez de eso, la gente considera que son servidores privados, que es gente que esta ahí porque quiere lucrar y entonces hay momentos en los que gente ve a un viceministro capturado, porque hay plata confirmada de soborno para la licitación de la línea del tren, que hay gente de comités especiales de selección que están en igual condición. Además, también tenemos una duda de saber quiénes son eventualmente los ministros que formaron parte de la corrupción en el caso de Alejandro Toledo, después de la declaración que ha hecho el señor Jorge Barata.
 
–¿A qué deben comprometerse las autoridades que sirven al Estado?
–Ante esta situación, donde las principales autoridades, los más altos mandos, están bajo una situación de sospecha muy grande; lo que estamos planteando con este proyecto es que quienes quieran dedicarse a la administración pública, quienes quieran dedicarse al servicio público y quieran ser autoridades mediante elección popular, no pueden tener secreto bancario. No puede ser, por ejemplo, que un congresista esconda sus cuentas, no puede ser. Tiene que haber transparencia. Si hay una sospecha de una procuradora, si hay una sospecha mínima sin que se haya tenido que hacer una investigación abierta tiene que poderse revisar su secreto bancario. No puede ser que el secreto bancario esconda a las principales autoridades electas por votación popular y a los principales ministros y a los responsables de las principales instituciones del Estado.
 
–¿Esta propuesta no chocaría con el tema de la inmunidad parlamentaria?
–El tema de la inmunidad es diferente. No es inmunidad porque lo que decimos es que acá no es un secreto. El artículo 2 de la Constitución señala cuáles son los derechos de todas las personas, en el numeral 5 habla del derecho a la información, este mismo nos señala que podemos tener acceso a información de todo tipo, menos a la que supone el secreto bancario y la reserva tributaria. Además, que esta solo se levanta cuando un juez lo determina a pedido del fiscal de la Nación o de alguna comisión particular que investigue. Lo que estamos planteando es la necesidad de que esto no sea así, es decir, que quienes son congresistas electos y que son las principales autoridades no se les tenga que levantar el secreto bancario, sino que en realidad la información no sea secreta para quienes son parte del órgano de administración de justicia. Junto con esto hay un proyecto de ley que presentó el congresista Alberto Quintanilla para que no haya inmunidad parlamentaria para casos de corrupción y lavado de activos, que, si cualquier congresista es investigado por estos hechos, no pueda escudarse en esta herramienta para esconderse de la justicia.